Cruz Roja urge a México fortalecer protocolos de búsqueda para desaparecidos

La Cruz Roja ha lanzado un llamado urgente a las autoridades mexicanas para transformar el actual marco legal en mecanismos de búsqueda efectivos que garanticen resultados desde las primeras horas de una desaparición. El organismo internacional sostiene que la eficiencia en la respuesta inicial es determinante para localizar a las personas con vida y brindar seguridad jurídica a las familias que enfrentan esta crisis en diversas entidades del país. Este exhorto busca que las instituciones de seguridad y justicia, incluyendo a la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, logren una coordinación operativa sin dilaciones burocráticas.

Según la perspectiva técnica del organismo, el mayor desafío radica en la brecha existente entre la legislación vigente y la práctica diaria en los ministerios públicos. La propuesta central de la Cruz Roja sugiere que la implementación de protocolos estandarizados debe ser una prioridad en la agenda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se busca que los agentes de búsqueda no dependan únicamente de la voluntad política, sino de un sistema de respuesta rápida que se active de manera automática ante cada reporte oficial.

La organización advierte que la eficacia en las primeras horas puede reducir significativamente el impacto de la crisis humanitaria que se vive en México. Para lograr este objetivo, se requiere una inversión sostenida en capacitación para los servidores públicos que atienden los casos de personas no localizadas. La profesionalización de las unidades de búsqueda debe ir acompañada de recursos suficientes gestionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para fortalecer las capacidades forenses y tecnológicas a nivel nacional.

Finalmente, el llamado de la Cruz Roja destaca la importancia de la participación ciudadana y el papel de las familias en la construcción de estos nuevos protocolos. La propuesta enfatiza que cualquier estrategia efectiva debe incluir mecanismos de transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad civil. El objetivo es transitar de un modelo de gestión administrativa de expedientes hacia un modelo centrado en la localización efectiva, protegiendo siempre los derechos humanos de las víctimas y sus seres queridos.