Sheinbaum pide informe a Lemus tras denuncias de represión en Jalisco

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó formalmente este lunes al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, un informe pormenorizado sobre las recientes detenciones ocurridas en el estado durante una jornada de protesta social. La mandataria federal enfatizó que su administración no coincide con el uso de la fuerza pública para atender demandas ciudadanas legítimas relacionadas con el acceso a servicios básicos como el agua potable.

Los hechos se derivan de una movilización de vecinos de diversas localidades jaliscienses, quienes se manifestaron para denunciar la falta de suministro y la mala calidad del líquido en sus hogares. De acuerdo con los reportes iniciales, la intervención de los cuerpos de seguridad locales resultó en la aprehensión de varios participantes, lo que generó señalamientos sobre un presunto uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos humanos durante el control de la manifestación.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum subrayó que, si bien la seguridad es una responsabilidad compartida, el gobierno federal mantiene una postura clara respecto al respeto a la libre manifestación. La titular del Ejecutivo señaló que es imperativo esclarecer la situación jurídica de las personas detenidas y verificar si el actuar de los elementos estatales se ajustó a los protocolos internacionales de uso proporcional de la fuerza.

La presidenta indicó que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se mantendrán en comunicación con el gobierno estatal para dar seguimiento a este caso. La administración federal ha insistido en que el diálogo debe ser la vía principal para resolver conflictos sociales, evitando siempre la criminalización de la protesta ciudadana en cualquier entidad del país.

Por su parte, se espera que el gobierno de Jalisco entregue los detalles sobre los protocolos seguidos durante el operativo. La intervención del gobierno federal busca garantizar que no existan abusos de autoridad y que se atienda de fondo la crisis hídrica que ha motivado las movilizaciones de los habitantes en la zona metropolitana y municipios aledaños de la entidad.